Llama diputado Camacho a analizar la defensa civil contra delincuentes en Ayutla

*Que miembros de la sociedad tomen las armas para defenderse es síntoma de ingobernabilidad, señala

*Debe el gobierno del estado convocar a reunión urgente para analizar las fallas en las instituciones de seguridad

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Jorge Camacho Peñaloza, consideró que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, debe convocar a una reunión urgente para analizar las fallas en las instituciones de seguridad, pues la defensa civil emprendida por ciudadanos de Ayutla contra la delincuencia, es un síntoma de ingobernabilidad y de un Estado fallido.

Sobre los hechos recientes registrados en el municipio de Ayutla de los libres, en los que ciudadanos se dieron a la tarea de asumir su propia defensa de las agresiones por parte de la delincuencia con armas en la mano, dijo que la situación "habla de que en guerrero estamos ante una grave falla de las instituciones, circunstancias de ingobernabilidad y de un estado fallido".

El diputado panista destacó que este hecho se suma a otros registrados en Olinalá y Huamuxtitlán, por lo que es un indicador "de una realidad que ya no se puede soslayar, que ya no se puede minimizar".

Señaló que no se puede permitir que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad a los ciudadanos continúen fallando, "no podemos esperar que esta vía se ensanche y al rato cualquier persona tome las armas y quiera hacerse justicia por su propia mano".

Agregó que "nadie que tenga una responsabilidad en la seguridad pública, justicia y derechos humanos, puede decir que no tiene competencia en lo que está pasando en Ayutla", por lo que llamó a los responsables de la seguridad pública, justicia y derechos humanos de los poderes del estado y de los tres órdenes de gobierno, a que haya una urgente reunión a la que convoque el ejecutivo del estado para analizar la administración y operación de la seguridad pública, la justicia y los derechos humanos".

La finalidad, precisó, es acordar acciones integrales de seguridad, impartición de justicia y defensa de los derechos humanos, que devuelva a los guerrerenses la eficacia de su sistema de seguridad pública.

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