miércoles, 13 de junio de 2012
Reporta detonaciones de arma de fuego en el centro de Zihuatanejo
Zihuatanejo, Gro., Gran movilización policiaca se dio después que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en la colonia centro, policías preventivos, Ejercito y la Marina Armada de México realizaron operativo en diferentes partes de la ciudad para dar con el paradero de las personas que hicieron los disparos,
Los hechos ocurrieron a las 16:00 horas del miércoles, vecinos de las colonias Darío Galeana y Centro reportaron varias detonaciones de arma de fuego, el hecho provoco la movilización de los cuerpos policiaco, que de inmediato implementaron un fuerte operativo en varias colonias y en las principales avenidas de la ciudad para dar con los responsables.
En el operativo implementado se sumaron elementos del Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policías preventivos municipales, después de realizar varios recorridos en las principales calles de la ciudad y colonias, no se informo que se haya obtenido resultados positivos.
NO SE PERMITIRA QUE LA CETEG IMPONGA SU VOLUNTAD A TODOS LOS MAESTROS Y ALUMNOS DE GUERRERO
NO SE PERMITIRA QUE LA CETEG IMPONGA SU VOLUNTAD A TODOS LOS MAESTROS Y ALUMNOS DE GUERRERO
- Ante la negativa a aplicar la Evaluación Universal y la Prueba ENLACE, se les ha propuesto que las consideren como opcionales: Francisco Abarca Escamilla
- Se levantarán actas administrativas para hacer descuentos e incluso rescindir contratos a maestros que no realicen su labor
Mientras los integrantes de la CETEG exigen que no se aplique la prueba ENLACE, nosotros decimos que la prueba ya se aplicó en 6 de las 8 regiones educativas del estado y con una respuesta muy favorable por parte de alumnos, maestros e incluso de padres de familia, afirmó Francisco Abarca Escamilla, subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Guerrero.
El ambiente que se ha encontrado en Guerrero para las evaluaciones es muy favorable, aunque es importante precisar que su aplicación es disposición federal y el gobierno del estado es sólo es coadyuvante en su aplicación; sin embargo, el funcionario aclaró que la disposición del gobierno de Guerrero a negociar con la CETEG ha sido muy grande.
"Se les ha propuesto, ante su negativa a aplicar la Evaluación Universal y la Prueba ENLACE, a que las consideren como opcionales, de tal manera que quien quiera hacer la prueba lo haga, y el que no, se respetará su derecho".
Incluso se les ha sugerido a los de la CETEG que presenten una alternativa y una vez que tengan la deliberación, hacerla llegar -vía el propio gobernador- a la federación para que sea analizada.
Lo que no podemos permitir, enfatizó Abarca Escamilla, es que un solo grupo con influencia en no más del 12 % del total, imponga de manera autoritaria su voluntad a todo el universo de alumnos y maestros en el estado.
Entrevistado en sus oficinas, el subsecretario de Planeación Educativa declaró que la aplicación de la Evaluación Universal que es para los maestros, y la Prueba Enlace, que se aplica a los alumnos es importante, tanto para las autoridades como para los maestros.
Explicó que a las autoridades les permite definir varias estrategias para elevar el nivel de aprovechamiento, como definir nuevas propuestas de cursos para que los maestros perfeccionen su metodología.
"Para los maestros un beneficio institucional es que con buenos resultados, de inmediato tienen un reporte en su nómina con un beneficio económico importante. Además, si el maestro está en carrera magisterial, los buenos resultados les dan un mayor puntaje y también se traduce en mayores beneficios para los maestros".
Respecto a las movilizaciones realizadas por los integrantes del magisterio, Francisco Abarca Escamilla recordó que por el bloqueo y la sustracción del material de la prueba Enlace se levantaron las denuncias correspondientes ante las instancias federales como locales, además de hacer lo propio ante el bloqueo de vías de comunicación.
Además, adelantó que el área jurídica de la Secretaría de Educación Guerrero analiza comenzar a levantar actas administrativas para hacer descuentos e incluso rescindir contratos a maestros, dependiendo de cuantos días lleven ausentes de sus labores. Sin embargo, aclaró "si se dejó de hacer en un principio, fue para tener un mayor y mejor acercamiento con ellos".
Finalmente, ante la exigencia de integrantes de la CETEG de crear la Subsecretaría de Atención a Pueblos Originarios, expresó que la iniciativa será evaluada y presentada a las instancias federales correspondientes a fin de que se determine su viabilidad orgánica y presupuestal
"Como gobierno del estado estamos financiados prácticamente en su totalidad por el gobierno federal. No se puede tomar una decisión de crear una secretaria sin respaldo presupuestal. Eso sería un engaño", finalizó.
15 Y 16 DE JUNIO TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A PERIODISTAS
Toma protesta a Jesús Octavio Velázquez Peña como Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero (CONALEP).
CIDH presenta Informe sobre Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual: la Educación y la Salud
12 de junio de 2012
Washington D.C., La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el Informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual: la Educación y la Salud, el cual analiza el problema de la violencia sexual en las instituciones educativas y de salud de las Américas y los desafíos en el acceso a la justicia para las víctimas de esta violencia.
Como señala la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", los Estados tienen la responsabilidad de actuar para combatir la discriminación y la violencia contras las mujeres en todas las esferas. No obstante, el informe de la CIDH señala que persiste la violencia sexual contra mujeres y niñas en los espacios de la educación y la salud. El informe también encontró un subregistro del fenómeno e impunidad en la mayoría de estos casos. Asimismo, señala que en un marco de relaciones de poder altamente jerarquizadas, este tipo de violencia es tolerada por las sociedades. El informe identifica que mujeres en particular riesgo a violaciones de sus derechos humanos son las niñas, indígenas, discapacitadas, y mujeres afectadas por situaciones de conflicto armado.
En el caso de la educación, la violencia sexual se tiende a naturalizar como parte del proceso de disciplina y castigo. En el ámbito de la salud, el problema está invisibilizado debido a la escasez de normas, estadísticas, procedimientos de denuncia e investigación disciplinaria en hospitales y centros de salud, así como por la exigua información sobre los derechos de los pacientes.
La CIDH reafirma enfáticamente su preocupación ante la persistencia de la aceptación social del fenómeno de la violencia sexual contra mujeres y niñas en los espacios de la educación y la salud, y ante el hecho de que la enorme mayoría de estos casos permanecen en la impunidad. Incluso al día de hoy, la violencia en estas esferas impide a muchas mujeres y niñas en la región el ejercicio pleno de sus derechos a la educación y a la salud.
A fin de dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, los Estados deben adaptar sus leyes, políticas públicas y prácticas y mejorar sustancialmente los sistemas de protección y el acceso a la justicia para las víctimas de este fenómeno. La CIDH recuerda a los Estados su obligación de adoptar medidas a fin de hacer compatibles sus normas y prácticas a la Declaración Americana, la Convención Americana y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, y para dar cumplimiento a la Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a proteger a las mujeres de la violencia en todas sus formas y en todas las esferas, a fin de asegurar que puedan ejercer libremente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
El informe contiene recomendaciones urgentes, ya que están vinculadas una forma extrema de discriminación, como es la violencia sexual, y a la garantía fundamental del acceso a la justicia. Estas recomendaciones buscan mejorar la respuesta judicial ante los hechos de violencia contra las mujeres en las entidades educativas y de salud. La CIDH insta a los Estados a superar los obstáculos culturales y normativos para prevenir y, en su defecto, investigar y sancionar, los actos de violencia sexual contra mujeres y niñas en los espacios de la educación y la salud. Asimismo, la CIDH recomienda a los Estados a crear las condiciones necesarias para que las mujeres utilicen los sistemas de justicia a fin de remediar los actos de violencia sufridos, recibiendo un trato digno por parte de funcionarios públicos. La Comisión urge también a los Estados a adoptar políticas públicas destinadas a romper los esquemas culturales que normalizan o trivializan la violencia sexual.
Este informe ha sido elaborado gracias a la contribución financiera del gobierno de Finlandia. La donación de Finlandia permitió realizar una reunión de trabajo con expertas y realizar una visita en terreno como parte de la investigación para la elaboración del informe, así como solventar los gastos de su traducción e impresión.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Press Release 64/12
June 12, 2012
Washington, D.C., - The Inter-American Commission on Human Rights presented today the report Access to Justice for Women Victims of Sexual Violence: Education and Health. The report analyzes the problem of sexual violence in the educational and health institutions in the Americas and the challenges in access to justice for victims of this violence.As established in the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women, or "Convention of Belém do Pará", the States have the responsibility of acting to fight discrimination and violence against women in all spheres. Notwithstanding, the IACHR report indicates that sexual violence persists against women and girls in the spheres of education and health. The report also found under-reporting of the phenomenon and impunity in the majority of the cases. The report further indicates this type of violence is tolerated by the society given the framework of very hierarchical gender relations. The report identifies girls, indigenous women, women with disabilities and women affected by armed conflict as groups at particular risk to human rights violations.
In the case of education, sexual violence tends to be regarded as the natural order of things and as part of discipline and punishment. In the sphere of health, the problem of sexual violence committed by physicians and health-care professionals is virtually invisible. This is due to insufficient norms, procedures for filing complaints and disciplinary investigation in hospitals and health care centers. It is also attributable to inadequate statistics as well as to the meager information available on the rights of patients.
The IACHR emphatically reasserts its profound concern over the fact that sexual violence committed against women and girls in educational and health-care institutions still enjoys social acceptance and that the vast majority of these acts are never punished. Even today, this kind of violence in these settings prevents many women and girls across the Americas from fully exercising their rights to education and health.
In order to comply with their international human rights obligations, the States must adapt their legislation, public policies and practices and substantially improve their protection systems and the access to justice for victims of this phenomenon. The IACHR reminds the States their obligation to adopt measures in order to make compatible their norms and practices with the American Declaration, the Inter-American Convention, and other international instruments for the protection of human rights, and to comply with the Convention of Belém do Pará, which establishes the obligation for the States to protect women from violence in all its forms and in all spheres, in order to ensure that they can freely exercise their civil, political, economic, social, and cultural rights.
The report contains urgent recommendations that seek to address sexual violence as an extreme form of discrimination and to ensure the basic guarantee of access to justice. The recommendations aim to improve the judicial response to acts of violence committed against women in educational institutions and health-care institutions. The Commission urges the States to overcome lingering cultural and legal obstacles to prevent and – failing that – to investigate and punish acts of sexual violence committed against women and girls in these settings. In addition, the IACHR calls on the States to create the conditions that enable women to use the justice systems to remedy the acts of violence they suffer and to be treated respectfully and decently by public officials. The Commission also calls upon the States to adopt public policies intended to put a stop to cultural patterns that regard sexual violence as the norm or that trivialize it.
This report was prepared with the financial support of the Government of Finland. Finland's donation allowed the Commission to organize a working meeting with experts and to conduct an onsite visit as part of the research for the elaboration of this report, as well as to finance its translation and print reproduction.
A principal, autonomous body of the Organization of American States (OAS), the IACHR derives its mandate from the OAS Charter and the American Convention on Human Rights. The Inter-American Commission has a mandate to promote respect for human rights in the region and acts as a consultative body to the OAS in this area. The Commission is composed of seven independent members who are elected in an individual capacity by the OAS General Assembly and who do not represent their countries of origin or residence.
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