Acapulco, Guerrero a 21 de noviembre de 2012

OFRECE DISCULPA PÚBLICA CONJUNTA GOBIERNO DE GUERRERO A FAMILIARES Y VÍCTIMAS DEL CASO AYOTZINAPA

-          Con ello se cumple un punto de la recomendación 1 VG/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

-          Gobernador Ángel Aguirre Rivero destaca su convencimiento de que ese tipo de actos no deben repetirse

En cumplimiento al resolutivo sexto conjunto de la recomendación 1 VG/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relacionada con el caso Ayotzinapa, el Gobierno de Guerrero ofreció una disculpa pública a víctimas y familiares, con el convencimiento de que no deben repetirse ese tipo de actos.

En un acto de disculpa institucional conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública federal, el gobernador Ángel Aguirre Rivero reiteró su convencimiento por el respeto a los derechos humanos en todas sus vertientes, y destacó los avances del apoyo que ha otorgado su gobierno, a través del Plan Integral de Reparación del Daño.

Ante víctimas y familiares; representantes de organizaciones civiles y de derechos humanos, y de los poderes Judicial y Legislativo, así como miembros de su gabinete, el mandatario estatal enfatizó su compromiso de apoyar y fortalecer la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como el mejoramiento de la infraestructura del plantel, para impulsar la excelencia educativa.

Con esto, el Gobierno de Guerrero avanza en el cumplimiento de la recomendación de la CNDH, relacionada con los acontecimientos en la autopista Chilpancingo - Acapulco, del 12 de diciembre de 2011, hechos que nunca debieron suceder, considerando que este acto de disculpa pública no representa simulación alguna y se sustenta en el amplio informe que dio a conocer la secretaría General de Gobierno.

A partir de la conformación del Comité de Atención Integral, derivado del Plan Integral de Reparación del Daño, se han entregado 33 indemnizaciones a víctimas o familiares, determinadas a partir de estándares internacionales en materia de violación a los derechos humanos; se han relacionado casi un centenar de atenciones sicológicas, y se han entregado tarjetas de atención preferencial en los servicios de salud  estatales.

Asimismo, se mejora la actuación y capacitación de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, por lo que ha sido necesario regular el marco normativo interno, para establecer los lineamientos que deberán observarse para el procesamiento del lugar de los hechos, así como de los hallazgos y huellas, y regular el uso de la fuerza.

También se consideran las actuaciones del personal de seguridad pública en la detención y puesta a disposición ante el Ministerio Público, así como para hacer saber sus derechos a víctimas u ofendidos, a las personas detenidas y bajo resguardo de la autoridad.

Se modificó, además, el Sistema de Registro de Asignación y Portación de Armas, para tener un control detallado e individualizado, y se han sostenido reuniones con representantes de la Secretaría de Seguridad Pública federal para actualizar y rediseñar los planes de seguridad operacional, en casos de manifestaciones, para evitar que se repitan hechos semejantes a los acontecidos en la carretera federal México-Acapulco.

En cuanto a sanciones a los probables responsables, se sigue proceso penal a dos policías ministeriales, de acuerdo con los estudios periciales realizados por la PGJE, CNDH y Procuraduría General de la República, y corresponde al Poder Judicial determinar su situación jurídica.

La PGJE integra diversas averiguaciones previas por la probable comisión de distintos delitos, entre otros el de tortura, imputados a servidores públicos durante los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011. Además, se conformó un equipo de especialistas externos para que aporten sus conocimientos jurídicos, a fin de fortalecer las investigaciones.

Doce servidores públicos de primer nivel fueron separados de sus cargos, y están sujetos a investigación administrativa o penal, y 101 han sido sancionados administrativamente, en función de su grado de responsabilidad.

En una acción sin precedente, el Gobierno de Guerrero ha destinado más de 50 millones de pesos para mejorar la infraestructura de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y optimizar las condiciones de los estudiantes, con el compromiso de que se mantendrá el apoyo. En este sentido, distintas decisiones se han tomado conjuntamente con la representación estudiantil y, en su momento, con la Comisión Civil de Interlocución.

El Gobierno de Guerrero está comprometido con el cumplimiento de la recomendación de la CNDH, y seguirá trabajando para atender todos y cada uno de los puntos señalados por este organismo.

Con el fin de mantener informada a la opinión púbica, se seguirán divulgando los avances, lo que ha sido considerado como una oportunidad para avanzar en el reconocimiento, respeto, promoción y garantía de los derechos humanos en el estado.