EN GUERRERO NO SE PERSEGUIRÁ A NADIE POR SU IDEOLOGÍA NI POR DEFENDER DERECHOS HUMANOS: ÁNGEL AGUIRRE RIVERO

-          Propone gobernador integrar y dar seguimiento, junto con organizaciones y gobierno, a una Agenda de Derechos Humanos para el estado de Guerrero

-          Reconoce mandatario reincorporación del abogado Vidulfo Rosales Sierra a sus actividades en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Durante mi gobierno, en Guerrero nadie será perseguido por sus ideas políticas y mucho menos por ser defensores de los derechos humanos, aseguró el gobernador Ángel Aguirre Rivero al reunirse con integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan quienes anunciaron la reincorporación del abogado Vidulfo Rosales Sierra a sus actividades.

En la reunión de trabajo celebrada en la residencia oficial Casa Guerrero, el mandatario estatal reiteró el indeclinable compromiso de su gobierno por garantizar todas las condiciones para que los defensores de los derechos humanos realicen sus actividades y labores sin ningún tipo de impedimentos.

Ante el coordinador del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) Marco Antonio Suastegui, de la CETEG, Minervino Hernández, de Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy Hernández y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado, Juan Alarcón Hernández, Aguirre Rivero mostró su beneplácito por que Vidulfo Rosales haya regresado a sus funciones como abogado y defensor de los más desprotegidos.

Instruyó a la procuradora Martha Elva Garzón Bernal para que se investigue a fondo el caso de Vidulfo Rosales y que Tlachinollan designe a un abogado coadyuvante, para que esté cerca de las investigaciones y se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de las amenazas de muerte.

"Lo único que me interesa es que se investigue y se castigue a quienes tengan alguna responsabilidad en las amenazas que recibió, es lo que me interesa".

Acompañado del secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, así como de Finanzas y Administración, Jorge Salgado Leyva y otros funcionarios, Ángel Aguirre lamentó que Vidulfo haya tenido que salir de Guerrero por las amenazas de muerte que recibió por llevar los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, el caso de los opositores a la presa Hidroeléctrica la Parota y recientemente el caso de los alumnos de la normal rural de Ayotzinapa.

Asimismo, dejó claro su compromiso para establecer y elaborar de manera conjunta, organizaciones y gobierno, una agenda en materia de derechos humanos, así como realizar reuniones de manera periódica para tratar asuntos relacionados con la protección de las garantías individuales de los guerrerenses.

En cuanto al tema de la Parota, el mandatario estatal aclaró que no tiene ningún interés de promoverla, sino por el contrario, que esa decisión la tomarán los ejidatarios y se llevará a cabo la obra solo con el consentimiento de la población.

Sobre al asunto de Inés Fernández, en Ayutla, reiteró que su gobierno está empeñado en que se cumplan todos los compromisos asumidos. Recordó que ya entregó un millón de pesos al presidente municipal para la adquisición de un terreno en donde se construiría un centro comunitario.

En su intervención la procuradora Martha Elva Garzón Bernal dijo que siguiendo las instrucciones del mandatario estatal se ha atendido el asunto de las amenazas en contra de Vidulfo Rosales y en ese camino se seguirá hasta dar con los responsables.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández manifestó que después de que Vidulfo Rosales recibió las amenazas de muerte acudieron a interponer la denuncia correspondiente y se solicitaron las medidas cautelares, consistentes en cámaras de vigilancia para la red guerrerense, luces sensoriales, se reforzaron las puertas y un GPS para ser utilizado en Chilpancingo, las cuales fueron acatadas por el gobierno del estado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero, Juan Alarcón Hernández reconoció la apertura que ha mostrado el gobierno de Ángel Aguirre por dar espacio e importancia a la preservación y defensa de las garantías más elementales de los guerrerenses.

El abogado del centro de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra manifestó su compromiso de seguir sumando esfuerzos y trabajando por defender los derechos humanos de los guerrerenses más desprotegidos